Los jóvenes no pueden emanciparse por falta de vivienda asequible
Los jóvenes madrileños tienen cada vez más difícil el acceso a la vivienda. La subida continuada en los precios del alquiler ha provocado que cada vez más personas no quieran saber nada de dicha opción.
Según un informe elaborado por el último Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) el pasado mes de mayo, casi la mitad (48,9%) de los que acudieron al evento, fue buscando una vivienda con la idea de cambiar de alquiler a propiedad. Pero a la hora de la verdad, la tarea se complica. Según datos del mismo estudio, un 48% de los jóvenes que busca comprar una vivienda necesita ayuda familiar, ya que la falta de ahorros, el difícil acceso a financiación y el constante aumento de los precios en la capital impiden que la gran mayoría pueda comprar casa por sus propios medios.
Ante este panorama, los jóvenes madrileños se han visto obligados a incrementar su presupuesto, pero no de forma voluntaria, sino para adaptarse a las condiciones del mercado de vivienda de Madrid. Según datos del SIMA, el presupuesto que plantean destinar a la adquisición de su vivienda ha crecido un 6% en dos años, concretamente hasta los 258.700 euros.
Esto provoca que dos de cada diez visitantes (seis puntos menos que en 2018) busque una casa con un presupuesto inferior a los 180.000 euros, mientras que la mitad estima que se gastará entre 180.000 y 300.000 euros (cuatro puntos más que hace un año). Esto desemboca en la expulsión del mercado de muchos madrileños.
Según datos del Consejo de la Juventud de España (CJE) relativos al segundo semestre de 2018, la proporción de jóvenes de entre 16 y 29 años que consigue salir del hogar familiar no llega al 19%, siendo la cifra más baja desde 2002. Dicha situación se debe, entre otros factores, a que los españoles de ese rango de edad deben destinar casi la totalidad de sus ingresos al pago de un alquiler si quieren vivir en solitario, ya que, si se analiza el precio medio del alquiler en España, unos 862 euros, y el salario mínimo de los menores de 30 años, 900 euros, el resultado es que deben dedicar el 90% de su sueldo al alquiler de una vivienda.
Ante esta situación, han surgido varias nuevas fórmulas de acceso a la vivienda como, por ejemplo, varias familias viviendo en la misma residencia, personas que una vez divorciadas deben vivir en el mismo hogar por falta de recursos, o compartir piso, una tendencia que se ha visto incrementada notablemente en los últimos años.
Otra nueva fórmula que se debe mencionar, es el acceso a la vivienda mediante la cesión gratuita de un inmueble. Esta fórmula de residencia entre los menores de 30 años se ha duplicado desde 2007, en parte por la dificultad de acceso a una vivienda en propiedad.
Casi el 20% de los jóvenes emancipados en España vive en casas cedidas gratuitamente, generalmente por sus progenitores. En 2007, la mayoría de quienes se iban de casa lo hacían comprando una vivienda. Concretamente, ese año seis de cada diez españoles emancipados menores de 30 años vivían en una vivienda en propiedad, tres de cada diez residían de alquiler, y apenas uno disfrutaba de una casa cedida por algún familiar cercano. El panorama actual arroja un escenario muy distinto.
Un rayo de esperanza en el Sureste
Ante esta falta de vivienda asequible para los jóvenes, la solución más evidente es poner más producto en el mercado. Como se ha mencionado anteriormente, Madrid es una de las ciudades europeas con más difícil acceso a la vivienda. Y existen suelo y recursos para ello. Un claro ejemplo son los Desarrollos del Sureste (Berrocales, Ahijones, Valdecarros y Los Cerros), donde están previstas que se levanten 105.000 viviendas.
De esas 105.000 casas, el porcentaje de viviendas protegidas que están previstas en el plan original supera el 50%, esto es, más de 55.000 viviendas que gozan de algún tipo de protección. Es decir, con esta nueva inyección de producto se amplía notablemente el número de viviendas asequibles para los madrileños, especialmente para los jóvenes y las familias con menores ingresos. De hecho, son los miembros de este colectivo social quienes se manifiestan muy a favor del proyecto: el 79% considera que no es suficiente el número actual de viviendas protegidas, y tres de cada cuatro piensan que una mayor oferta de vivienda protegida en la capital produciría sendas mejoras en la economía.
Además en estos ámbitos las Administraciones Públicas son propietarias de más de siete millones de m2 de suelo, lo que les permitirá iniciar importantes paquetes de vivienda de promoción pública, dedicando al alquiles social buena parte de ellas.