España, cada vez con menos vivienda de protección oficial
La vivienda asequible suele ser una de las promesas recurrentes por parte de todas las agrupaciones políticas, más en época electoral. Los países que mejor regulan el mercado de la vivienda serán aquellos que más número de viviendas sociales dispongan. En el caso de España, es una asignatura pendiente y sigue estando a la cola de Europa en cuanto a promoción pública de vivienda con algún tipo de protección en régimen de alquiler social.
Suspenso en vivienda protegida
La Administración central como la regional y local han puesto poco énfasis y esfuerzos en posibilitar la construcción de viviendas protegidas, que no llegaron a 3.000 en 2018. De hecho, según el Ministerio de Fomento, antes de la crisis económica (2008) se habían promovido unas 68.000 VPO. El volumen actual de VPO es el más bajo desde 1950.
El alquiler social en Europa
Esto explica que, comparado con Europa, España tenga un bajísimo nivel de alquiler social, como indican los datos del observatorio Housing Europe: 2,5% frente al 4% de Alemania e Italia, 17% de Reino Unido y de Francia (de hecho, en París el peso de la vivienda social es cada vez más fuerte y representa en torno a 20% de las primeras residencias), casi el 21% en Dinamarca y el 30% de Países Bajos. Por otro lado, Austria se ha convertido en un referente para las ciudades afectadas por el precio de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler. Más de la mitad de los vieneses, más concretamente un 62%, reside en una VPO. El gobierno local ha tomado cartas frente a la subida general de precios del alquiler, por lo que ha querido asegurar a su población que dos tercios de los nuevos proyectos de vivienda de más de 5.000 metros cuadrados sean destinados a la protección oficial con un precio de alquiler que no supere los 5€ por metro cuadrado».
Las ciudades europeas van en esa dirección. Volvemos al caso de París, donde ya hay más de 230.000 viviendas de alquiler social y el gobierno galo se ha propuesto destinar 6.000 millones de euros a la construcción de VPO para aumentar la oferta.
Los españoles seguimos prefiriendo la compra al alquiler.
Aunque es verdad que en España el alquiler ha gozado de cierto dinamismo en los últimos años, tradicionalmente la población española mantiene su preferencia por la propiedad, impulsada en parte por la tendencia del mercado de oferta y demanda, y también, por las políticas públicas. Esta inclinación se extiende al ámbito de la vivienda protegida, y de entre todos los pisos de protección oficial, de promoción pública o privada, el 96% se cede en régimen de propiedad y solo el 3,3 al alquiler, como se extrae de datos del Ministerio de Fomento.
En Madrid, podría haber más VPO
En una época de recuperación inmobiliaria, parece que la vivienda protegida sufre otra suerte. Las administraciones culpan a los promotores de la falta de vivienda asequible, pero tampoco hacen nada por impulsar la promoción de la vivienda social. De hecho, según el estudio El parque público y protegido de viviendas en España, de Fundación Alternativas, hace falta por lo menos un millón y medio de este tipo de inmuebles adicionales para alquilar. Sobre todo en las ciudades que cada vez se pueblan más, como es el caso de Madrid.
Se vuelve incomprensible que, existiendo proyectos que podrían revertir esta situación, como Madrid Sureste, con una bolsa de más de 100.000 viviendas, estén paralizados por el Ayuntamiento de Madrid.
El planeamiento propone que el 50% de las viviendas programadas en estos desarrollos gocen de algún tipo de protección, lo que aportaría a la ciudad, sin duda, mayores facilidades de acceso a la vivienda para todos los madrileños. De hecho, son ellos mismos quienes se manifiestan muy a favor del proyecto: el 79% considera que no es suficiente el número actual de viviendas protegidas, y tres de cada cuatro piensan que una mayor oferta de vivienda protegida en la ciudad repercutiría en la mejora de la economía y la sociedad.
Además tanto el Ayuntamiento de Madrid como la CAM son importantes propietarios de suelo en los ámbitos del Sureste, por lo que su desarrollo les permitiría poder promover un importante parque de vivienda pública en régimen de alquiler social.